El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha presentado en el Parlamento Andaluz el proyecto de la nueva Ley del Deporte de Andalucía, paso inicial para iniciar su tramitación parlamentaria. Más de un millar de andaluces han colaborado estrechamente para que esta comunidad tenga la normativa deportiva “más avanzada e innovadora del país, donde el deporte se reconoce como un derecho de la ciudadanía”. El proceso de elaboración de la nueva norma que comenzó por un grupo de trabajo compuesto por cuatro prestigiosos juristas del derecho deportivo, que se amplió con las aportaciones del personal experto de la Consejería. Este primer borrador fue sometido a debate en cada provincia andaluza donde participaron agentes del ámbito deportivo como federaciones, clubes, deportistas, técnicos, empresas, médicos deportivos o periodistas, entre otros. “El resultado ha sido un texto innovador, garantista y con vocación de futuro” ha subrayado. El proyecto de la Ley del Deporte de Andalucía tiene como principales novedades la incorporación de medidas para la protección y difusión del deporte de ocio y de competición no federado, además de incluir la lucha contra el dopaje y regular por primera vez con rango legal el ejercicio profesional en el sector. Andalucía adaptará así su ordenamiento jurídico a la nueva realidad que supone el auge de la práctica deportiva habitual en la comunidad, que alcanza ya a más de tres millones de andaluces (el 42,36% de la población). Las políticas de la Junta en esta materia han permitido extender una red de más de 14.000 instalaciones públicas, lograr que un millón de escolares hagan deporte al salir de clase y consolidar una estructura asociativa con 61 federaciones y 20.000 clubes. Andalucía es también la comunidad con mayor número de licencias de deportistas (564.000) y de clubes federados (11.023).
El proyecto de ley introduce una nueva clasificación que otorga protección jurídica no solo a la competición federada sino también a las actividades deportivas de ocio y a las competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares. Para estas últimas se establece un control previo dirigido a asegurar la protección de los participantes y su celebración deberá ser comunicada con antelación a la Junta o a la entidad local competente. Como medida pionera en España, la ley andaluza definirá también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas. Entre los primeros se destacará el relativo a la información y a la orientación, mientras que los deberes se centrarán en respetar los principios de igualdad y en fomentar los valores sociales. Otra novedad, también asociada a la figura del deportista, es la creación de una tarjeta sanitaria específica, dirigida a deportistas federados, que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje. La protección de las personas que practican deporte es también el objetivo de otra de las grandes novedades del proyecto, que recoge la regulación de la cualificación profesionalen el sector. Esta medida, que en el ámbito nacional actualmente solo está implantada en Cataluña, se dirige a salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y todo tipo de servicios deportivos. En este sentido, y siempre que los correspondientes servicios que prestan sean remunerados, el nuevo marco legal fijará los títulos oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor de educación física, director deportivo, entrenador y monitor.
Igualmente novedosa es la incorporación de disposiciones para promover la I+D+i más allá del ámbito académico. Uno de los objetivos será aprovechar al máximo las investigaciones que desarrolla el Instituto Andaluz del Deporte, especialmente en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión, para intensificar la transferencia de sus resultados a un sector que en los últimos años se ha revelado como un importante yacimiento de empleo (casi 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos) y de creación de riqueza en la comunidad (más del 3,2% del PIB regional). En la misma línea, la norma prevé la creación de una oficina virtual encargada de unificar y simplificar trámites, así como de promover el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en todo el sistema deportivo andaluz. En cuanto a las instalaciones deportivas públicas, sus proyectos de construcción, reforma, ampliación y gestión deberán contar, también por primera vez, con controles para su adecuación a los principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Esta medida se reforzará con la formulación de vías de colaboración obligatorias entre las distintas administraciones, dirigidas a garantizar la viabilidad y el mantenimiento de la Red de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía.
